El consejero de Salud, César Pascual, ha vuelto a reiterar que Cantabria «no va a tolerar ni una sola agresión a un profesional del sistema sanitario, ni física, ni verbal, ni en redes sociales o disfrazada de enfado». El mensaje es inequívoco, «tolerancia cero» contra las agresiones, «sin disculpas, sin excusas» porque «nuestro deber como sociedad es proteger a quien nos cuida».

Pascual, que hoy, Día europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios, ha hecho balance de la situación en Cantabria, ha animado, una vez más, a denunciar cualquier tipo de violencia, «porque la impunidad empieza cuando las agresiones se silencian» y hay miles de profesionales que cada día hacen algo extraordinario, que es cuidar a los demás.

«Por desgracia», la mayoría de las agresiones no se denuncian. De hecho, en 2025, sólo hubo 14 denuncias, ya que muchas situaciones agresivas se normalizan o se asumen como parte del trabajo, «algo que como sociedad debemos cambiar».

Durante años, ha explicado, se ha abordado este problema como si fuera inevitable, como si la agresividad formara parte del sistema sanitario, como si el profesional tuviera que aguantarlo, como si le entrase en el sueldo. Y eso, es «profundamente injusto».

«Los profesionales sanitarios no son el saco emocional de nadie, ni del sistema, ni de los pacientes, y la sanidad no puede ser el lugar donde la frustración social se convierta en violencia», ha añadido Pascual.

De hecho, cuando un profesional del Servicio Cántabro de Salud es agredido, ocurren tres cosas: primero, se hace daño a una persona, física o moral, pero se hace daño a una persona. Segundo, se deteriora el clima de trabajo y, tercero, se resiente la atención al resto de pacientes, porque el incidente violento afecta al profesional, pero también al centro sanitario.

Por lo tanto, «cualquier agresión, lejos de ser hecho aislado, es un ataque al funcionamiento del sistema sanitario». Y, eso, ha dicho Pascual, es «sencillamente» inaceptable.

Junto al consejero, han repasado las cifras y actuaciones de 2025 el director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, Óscar Fernández Torre, y el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero.

Las cifras

Los datos de agresiones a profesionales del último año registran 238 incidentes violentos, 36 menos que en 2024, un descenso del 13,14%, «un dato positivo, pero no nos engañemos, 238 agresiones siguen siendo 238 agresiones intolerables».

La «inmensa» mayoría de las agresiones (200) son verbales, que a veces son el preludio de lo que puede ocurrir, «por lo que hay que poner el foco en ellas», y ocurren principalmente en consultas, en hospitalización y en urgencias. Y la causa más habitual, ha dicho Pascual, «es la frustración de las demandas del usuario, no la mala calidad del servicio».

Por su parte, Fernández Torre ha reseñado que 26 de esos incidentes son de violencia física, si bien 10 de ellos se califican como «no intencionales», es decir, son provocadas por personas que no son capaces de obrar y decidir «porque tienen alterada su capacidad de juicio». Aun así, ha añadido el director general, «son 16 agresiones físicas».

La mayoría de los incidentes violentos han afectado a mujeres (191), pero el sexo no es un factor determinante, ya que el «80% de la plantilla está compuesta por mujeres».

Perfil de los agresores

En cuanto al perfil de los agresores, ha continuado Fernández Torre, al igual que en los datos a nivel nacional, en 164 casos, es decir, dos tercios del total, el agresor es el propio usuario, y el tercio restante, familiares del paciente (72) o acompañantes (2).

Respecto a las categorías profesionales, ha subrayado, se mantienen los datos de años previos y facultativos (77) y enfermería (86) acumulan mayor número de incidencias, seguidos por el personal administrativo (23), auxiliares (25) y celadores (15).

La distribución por gerencias apunta a un mayor volumen de agresiones en Atención Primaria (121), cifra que se reproduce a nivel nacional, debido, sobre todo, al mayor número de consultas realizadas en este nivel asistencial.

Actuaciones de la Consejería. Prevención, la mejor medida

«Estamos actuando en varios frentes» y son muchas las acciones que la administración sanitaria ha puesto en marcha, tal y como ha detallado el consejero. Entre ellas, ha citado las campañas de sensibilización, la instalación de cámaras de seguridad o mecanismos de aviso o alarma, entre otros.

Además, se han mejorado los sistemas de registro y seguimiento, lo que ha permitido tramitar más expedientes sancionadores y adoptar medidas administrativas. «Y vamos a seguir haciéndolo».

Aun así, ha terminado Pascual, «este fenómeno tan preocupante no se resuelve solo con medidas legales, administrativas o infraestructuras de seguridad». Las cámaras, ha dicho, registran la violencia, «pero no evitan la violencia».

Por eso, «lo que queremos es evitar la violencia, no solo registrarla y que quede grabado», y ha lanzado un mensaje «muy claro», ya que «quien crea que puede insultar o agredir a un profesional sanitario sin consecuencias, se equivoca».

De hecho, «si no tiene consecuencias legales, ya que solo las que se denuncian tienen consecuencias legales, cada agresión se investiga, se tramita y, cuando procede, se sanciona».

Tal es así, ha señalado el director que, la respuesta administrativa tiene, sobre todo, una función preventiva, ya que un tercio de los agresores son reincidentes y, si se sienten impunes, el riesgo de que repitan es mayor. Las sanciones, que «evidentemente» no tienen ningún efecto recaudatorio, pretenden aumentar la conciencia sobre estas situaciones.

En este punto, ha destacado el trabajo de «concienciación» con los interlocutores policiales sanitarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que «recorren» los centros sanitarios para que los profesionales sepan «que están acompañados tanto por el sistema sanitario público como por las fuerzas de seguridad».

Cuando no hay denuncia, la Consejería de Salud actúa en vía administrativa. Además, en 2025, por primera vez, se han iniciado citaciones presenciales, cuando una carta reprobatoria podría ser insuficiente.

Además, gracias a la modificación impulsada en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, se han podido sancionar las infracciones leves, que muchas veces son el anticipo de una escalada de violencia, porque solo se permitía sancionar las graves y se amplió, así, el alcance a todo el sistema sanitario de Cantabria.

A estas actuaciones se suman, entre otras, la designación de referentes en cada uno de los centros del SCS, perfectamente coordinados con la Consejería, así como otros órganos formales para el tratamiento de datos.

El Servicio Cántabro de Salud también ha hecho un «grandísimo» esfuerzo para elaborar un mapa de riesgos y saber realmente «dónde» poner el foco, rediseñando instalaciones o ubicación de mobiliario, dotación de vigilantes o cámaras de seguridad, medidas «preventivas» también importantes.

Por último, Fernández Torre ha hecho referencia a la formación de los profesionales, ya que más de 2.500 del SCS han obtenido herramientas para la prevención de agresiones en 2025. «Una formación, ha matizado, que, en ningún caso quiere poner la carga de la agresión en el profesional, pero sí darles las máximas herramientas para poder manejar situaciones de escalada de agresividad».